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Es ahora cuando se denuncia una norma que se ignoró mientras supuso una ventaja para los partidos no nacionalistas
41 años ha tardado la opinión publicada de Madrid en apercibirse de una especial característica de la ley electoral vasca, la que establece que cada una de las provincias de Euskadi (que allí se llaman Territorios Históricos) aporta el mismo número de diputados al parlamento autonómico, 25 en concreto, independientemente de sus grandes diferencias de población.
No deja de llamar la atención que en un entorno donde se analiza hasta extremos casi de delirio la política de “la periferia” (como llaman aquí a todo lo que queda fuera del Madrid del poder) y donde constantemente se nos dan claves informadísimas sobre lo que ocurre, y muy especialmente sobre lo que debería ocurrir, les haya pasado desapercibida esta peculiaridad electoral durante más tiempo que el que duró la propia dictadura de Franco.
Ni siquiera cuando la madrisfera mediática denunciaba airada las “ventajistas” diferencias de representación en el Parlament de Cataluña de las provincias sociológicamente más independentistas respecto a las que lo son menos, se les ocurrió mirar lo que pasaba en Euskadi, donde tales diferencias siempre han sido mucho mayores.
La ocultación de lo incómodo es una de las herramientas básicas de la manipulación informativa. Sin embargo, cuando resulta tan evidente, mueve un poco al sonrojo. Solo cuando el cambio generacional amenaza con que EH Bildu y el mundo abertzale se hagan fuertes en Álava, la provincia hasta ahora menos nacionalista, es cuando se denuncia lo injusto de una norma que se ignoró cuidadosamente mientras supuso una ventaja para los partidos no nacionalistas.
La pregunta que resultaría más interesante hacerse no es por qué la ley electoral es como es, ni por qué tal cosa ha pasado tan desapercibida durante cuatro décadas, sino qué es lo que ha pasado para que la ciudadanía de Álava haya evolucionado políticamente como lo ha hecho.
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