Esta semana está surgiendo una cierta polémica a cuenta de la prohibición de publicar sondeos y encuestas electorales en los cinco días anteriores a las elecciones. Parece que se ha destapado de pronto un deseo muy “sentido” que hacer públicas las previsiones de voto ciudadano hasta el mismo momento de las elecciones. Con objeto de reforzar tal reivindicación se dice incluso que disponer de encuestas es un derecho de los ciudadanos.
Son sobre todo los responsables de empresas dedicadas a la realización de tales encuestas y algunos medios de comunicación quienes mantienen una postura más rotunda a favor de la eliminación de la actual prohibición. Una Asociación Nacional de Empresas del ramo (ANEIMO) se ha planteado ya iniciar trámites para que se revoque esa disposición electoral que data de 1985. Hasta ahora no se ha visto, sin embargo, ninguna manifestación de ciudadanos reivindicando tal derecho, aunque todo podría ser.
No les falta razón a quienes dicen que intentar imponer barreras es una batalla perdida en el mundo de Internet y el último ejemplo evidente han sido los sondeos que periódicos de Andorra o el Reino Unido han publicado sobre las elecciones en España. Seguramente esta es una prohibición a la que el tiempo y las circunstancias han hecho perder casi toda su fuerza. Sin embargo antes de derogar normas conviene repasar qué problemas han podido evitarse con ellas. No vaya a ser que aparezcan después.
Dicen algunos sociólogos que los sondeos no condicionan el voto. Puede ser, pero fue la opinión contraria la que estuvo sin duda en el origen de la norma que ahora se quiere derogar. Que los sondeos, sobre todo los muy cercanos al acto mismo de votar, podían condicionar efectivamente el voto. Imaginemos que no hubiese existido tal prohibición.
Imaginemos que en cada elección hubiésemos estado siendo bombardeados con los resultados de innumerables encuestas y sondeos hasta última hora. ¿Seguro que no influirían en el comportamiento de los electores? Hacer una buena encuesta es complejo, caro y requiere de tiempo y de una buena dosis de conocimiento y profesionalidad. Pero publicar los resultados de una encuesta falsa es muy fácil, tanto que podrían hacerse cientos de ellas en los últimos días de campaña. Cientos. La tentación sería muy grande y el único límite sería entonces la honestidad profesional de las empresas demoscópicas. Una honestidad que no tengo ningún motivo para creer mayor que la de los políticos o los medios de comunicación que encargan los sondeos.
¿Quién distinguiría entonces las pocas honestas de las muchas compradas? ¿Quién evitaría que políticos con más dinero que complejos utilizasen a empresas con más necesidad que prestigio para convencerme a última hora de que ni opción política es marginal? ¿Quién evitaría el deterioro de la credibilidad del conjunto del sector, señores de AENIMO?
Es posible que nada de esto hubiese ocurrido, pero también es posible que sí. Y a uno las cautelas de ciudadano escéptico le previenen contra quienes quieren hacerle pasar por evidencias indiscutibles lo que no son sino opiniones razonables.
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