La paz era esto

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Tomo prestado este titular del libro de Eduardo Mateo, publicado en 2016 por la Fundación Fernando Buesa y el Instituto Valentín de Foronda, porque me quiero limitar a recordar la obviedad de lo ya dicho por otros con mayor profundidad.

La paz consiste en poder hacer vida normal sin miedo; en que a nadie lo maten por pensar diferente y por defender sus ideas. Solo eso y nada más que eso. Parece una simpleza, suena a bien poca cosa, pero es una enormidad en comparación con lo que pasaba en Euskadi hasta hace 12 años.

Hacer vida normal no quiere decir que quienes mataban desaparezcan, menos aún que cambien de opinión, o de sentimientos, o que se arrepientan públicamente (lo que en todo caso será una elección moral de sí mismos). 

Pasa el tiempo. Los que asesinaron salen de la cárcel cuando cumplen sus condenas y ese día están ahí, en la calle, incluso en una lista electoral. Ya sé que es duro, pero es así. La vida normal no es el advenimiento de un paraíso del amor entre los hombres. Es solo la vida normal. 

“O bombas o votos” era la elección que el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba imponía a los partidarios de ETA. José María Aznar también se mostró partidario de que las ideas que no compartía en absoluto se defendieran con las armas de la política: “Tomar posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas”. Entonces todo el mundo entendía la evidencia de que la democracia era capaz de acoger incluso las ideas más repugnantes a la propia libertad mientras no fueran defendidas mediante la violencia.

Mejor haríamos en no despreciar ahora el valor de lo que la democracia española consiguió (y a un altísimo precio) pretendiendo que la paz sea algo más que lo muchísimo que es.

ETA duró tanto tiempo porque tuvo mucho apoyo social. Con más o con menos entusiasmo y con altibajos, miles de personas en Euskadi apoyaron, comprendieron, justificaron, aceptaron o simplemente miraron para otro lado. Pretender que una sociedad marcada durante décadas por la violencia terrorista quedaría convertida con la llegada de la paz en algo radicalmente diferente y ajeno a todo aquello o es una ingenuidad o es una manipulación interesada.

Tendría que haber habido una pandemia mundial

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El Gobierno de Pedro Sánchez ha batido el récord de Reales Decretos Ley. Es el que más ha enviado a las Cortes para su convalidación. No se lee otra cosa en la prensa de la derecha confesa y en alguna que dice ser independiente.

Lo que resulta más llamativo es que esto, que se presenta como demostración del “abuso intolerable del sanchismo”, se ha venido afirmando con desde los primeros meses en los que Sánchez llegó a la Moncloa cuando, por supuesto, ni tiempo había habido para que se superase la marca de los anteriores presidentes. Se ve que no hacía falta que se llegase a lo que ahora sí ha ocurrido para que el escándalo se desatase. Entonces lo criticable era el ritmo, ahora ya es el número.

Los Reales Decretos Ley son una figura que permite al Gobierno aprobar leyes sin que estas tengan que pasar previamente por el parlamento. Bien es cierto que han de ser votadas y avaladas en todo caso por las Cortes antes de que pasen 15 días de su aprobación, pero no lo es menos que suponen una facilidad muy grande para el Gobierno, que “se ahorra” tener que esperar a la larga tramitación de las cámaras para que entren en vigor. Puesto que son una solución excepcional y en buena medida esquivan el debate parlamentario, la Constitución establece que solo pueden utilizarse en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”.

Así que para que pudiera entenderse este record de Reales Decretos Ley que ha aprobado el Gobierno de Sánchez tendría que haber habido… no sé… algo así como una pandemia mundial, quizás un volcán, o una guerra, o tal vez una crisis energética en Europa ¡qué se yo!. Tendría que haber ocurrido alguna cosa excepcional y gravísima para que se justificase que el Gobierno haya superado en 10 (diez) los 127 Reales Decretos Ley aprobados por Aznar o en 8 (ocho) los 129 de Felipe González. Arriba pueden verse los números del escándalo.

Los fiscales a los que no gusta la democracia deberían disimular mejor

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A las personas nos pasa lo mismo que a las motos vespa tradicionales: que si las dejas caer siempre lo hacen hacia el lado donde tienen el motor, el derecho. Por supuesto que ni las scooters ni nosotros estamos pensados para dejarnos caer, sino para mantener el equilibrio todo el tiempo, pero cuando lo perdemos se nota enseguida el lado por el que cargamos. A mí también.

Algo así les ha pasado a los miembros de la conservadora Asociación de Fiscales, que invitaron el pasado 18 de abril a Alberto Núñez Feijóo a una cena que ha levantado cierta polvareda. Más allá del ruido electoral lo más llamativo del evento, en mi opinión, fueron ciertas afirmaciones hechas por alguno de tales altos funcionarios pronunciadas al calor de sentirse entre adeptos, como la fiscal que dijo que el problema más grave, a su juicio, era que “las proposiciones de ley que se presentan y se tramitan a través de enmiendas donde los deseos de los grupos minoritarios se convierten en ley” escandalizada, al parecer, porque diputados elegidos para hacer leyes se atrevan nada menos que a hacer leyes según establece el reglamento de la cámara, algo inaudito según su parecer.

En su defensa diré que esta fiscal, que por cierto ha ocupado altísimas responsabilidades, no es la única persona que cree que una ley propuesta por los diputados del Congreso es poco menos que un subterfugio para escaparse de los informes consultivos que sí son obligatorios cuando las leyes las propone el Gobierno. Estamos tan acostumbrados a que el Gobierno sea quien legisla realmente y a considerar el trabajo del Parlamento poco menos que como un trámite, vistoso pero trámite al fin, que ya a algunos les parece hasta tramposo que el Legislativo se atreva a legislar por sí mismo y, como se ha visto, casi un escándalo que diputados “minoritarios” se atrevan a ejercer de diputados presentando enmiendas e influyendo en las Leyes, que es justamente para lo que les votaron y para lo que existen las Cortes.

Que España sea una democracia, podrá gustarles más o menos a algunos de nuestros más altos funcionarios públicos y desde luego que son libres de no creer en el sistema parlamentario, pero al menos, atendiendo a sus responsabilidades, deberían no manifestarlo públicamente con tanta obscenidad. Por simple decoro, ¡oiga!