El año pasado empezó a aplicarse en Euskadi un nuevo sistema para gestionar la llamada Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que, por si no lo sabe usted, es el dinero público que las personas sin recursos reciben para no morirse de hambre debajo de un puente. Se unificaron todos los expedientes en una sola institución que además de gestionar el cobro de la ayuda, también se ocupa de tramitar la búsqueda de empleo. Se trataba de evitar así la creación de una bolsa de personas eternamente marginadas-paradas-subvencionadas.
El cambio supuso la aparición de cierto número de fraudes de quienes no cumplían alguno de los requisitos exigidos, desde los más leves como no tener al día el empadronamiento o no haber recibido un envío certificado hasta los más reprobables como residir en el extranjero o negarse expresamente a aceptar ningún empleo.
Efectivamente los abusos, sean muchos o pocos, deben ser perseguidos. No solo por el gasto que suponen sino también porque de otro modo los enemigos de la solidaridad se arman de razones para acabar con ella.
Hubo entonces cierta polémica: errores, rectificaciones, retiradas definitivas y muchos aprovecharon los fraudes detectados para reforzar su convencimiento previo de que ayudar a los pobres es alimentar vagos. Otros pensamos, por el contrario, que estaba muy bien que hubiese un mejor control para que así se desmontase de una vez la leyenda urbana del “gitano-que-aparca-su-bólido-deportivo-para-entrar-a-cobrar-el-subsidio”. Pero no recuerdo a nadie apelando entonces al derecho foral para que las diputaciones no cedieran los datos de los pobres.
Sin embargo ahora que se propone que las Haciendas de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia compartan los datos de sus contribuyentes respectivos para así poner en marcha un control más rápido y eficaz del fraude fiscal de los ricos, renace con vigor la defensa encendida de las competencias forales y se hacen lenguas de lo bien que inspeccionan las diputaciones ellas solas cada cual por su lado. Estoy seguro que inspeccionan, como lo estoy también de que inspeccionaban los abusos que pudiera haber con las ayudas sociales, pero no deja de sorprenderme lo bien que se aceptó en su momento que se unificasen los datos de los pobres y lo que parece que cuesta aceptar que se puedan revisar con parecida agilidad las declaraciones de todos los contribuyentes vascos. Puede que se trate de sincera pasión política por el tradicional foralismo vasco pero ¿No será acaso el miedo a que aparezcan fraudes, como pasó con la Renta de Garantía de Ingresos? Vaya usted a saber.
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