Alcanzada la “nueva normalidad” (que nadie pensó entonces que sería el prólogo de una nueva ola) el Gobierno se rindió a la presión o movió ficha deliberadamente -vaya usted a saber- y decidió traspasar la responsabilidad a quienes en puridad y de acuerdo con la estructura territorial de España, tienen las competencias sanitarias, que son los Gobiernos autonómicos (algo que muchos constitucionalistas sobrevenidos y gritones deberían recordar).
Y ahí fue el llanto y crujir de dientes federal y confederal. Llegó la segunda ola y las autonomías, aterradas ante la posibilidad de tener que tomar decisiones impopulares volvieron a protestar.
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