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Al construir el Estado democrático y constitucional los españoles decidimos que muchos e importantes servicios públicos, entre ellos la Sanidad, se gestionarían desde los Gobiernos autonómicos y que, por lo tanto, serían responsabilidad de sus dirigentes a los que -recordemos- elegimos nosotros en las urnas.
Cuando la Presidenta de la Comunidad de Madrid toma una decisión lo hace, por tanto, respaldada por toda la legitimidad democrática que le ha puesto en su cargo. Precisamente en uso de su autoridad, de su competencia y de su libertad, Ayuso y su equipo decidieron reducir la inversión en Sanidad pública cuanto pudieron. Lo hicieron conscientemente y como resultado de una ideología política concreta y con un proyecto político que los madrileños, por cierto, votaron masivamente.
Tener una Sanidad Pública universal y gratuita o tener otro tipo de Sanidad es una decisión plenamente política. No se puede, por tanto, hablar de “despolitizar” la Sanidad cuando se ven las consecuencias no deseadas de las medidas absolutamente políticas (y absolutamente legítimas) que se tomaron por parte del Gobierno de Ayuso.
Es una trampa evidente pretender que otras instituciones serían responsables del funcionamiento de la Sanidad Pública en Madrid o en otras comunidades autónomas. El objetivo inocultable de quienes tal cosa sostienen estos días en tertulias y artículos es tratar de diluir la responsabilidad de la presidenta que tomó unas decisiones políticas concretas, pudiendo haber tomado otras.
Se puede protestar, por supuesto, de hecho así lo hicieron muchos miles de personas el domingo. Pero nadie puede negar a Ayuso su derecho a hacer lo que ha hecho, porque, además, ella nunca ha engañado; siempre se ha mostrado abiertamente recelosa hacia lo público y firme partidaria de lo privado, que para los de su ideología es lo que funciona mejor.
Así que no vale ahora, cuando las consecuencias de lo decidido le estallan a una en la cara (y a los pacientes en su salud) pretender esconder las responsabilidades inherentes al cargo señalando la obviedad de que en otros territorios también hay problemas, pero ignorando cuidadosamente que en otras comunidades las decisiones sobre la Sanidad han sido otras, muy diferentes, y que Madrid es la autonomía que ha tomado la decisión política de ser la que menos invierta de España en su sistema sanitario, siendo la más rica. La decisión es, por tanto, plenamente suya: de la Presidenta y las consecuencias son también responsabilidad suya.
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