El fin de una excepción

El Parlamento Vasco ha aprobado hoy, por fin y con un consenso completo, el dictamen que pondrá fin a algunas situaciones de privilegio para los políticos instauradas en el tiempo de la transición.

Hace 31 años se establecieron unas condiciones especiales para las personas que se dedicaban a la política, privilegios que tenían por objeto compensar la situación en que se encontraban algunos políticos que habían desarrollado su tarea en el exilio o en la clandestinidad y que, como consecuencia, no habían generado derecho a pensión alguna. La Ley acudió en ayuda de estas personas cuyo concurso era entonces simplemente imprescindible para construir la democracia. Por otra parte, la política se presentaba en aquel momento como una nueva actividad abierta, necesitada de profesionales competentes a los que la vida pública de la recién estrenada democracia les iba suponer sin duda la amputación brusca, y acaso irreversible, de sus carreras laborales.

Aquellas previsiones, que de suyo eran coyunturales, se acabaron convirtiendo en un privilegio al consentirse su permanencia pasado aquel momento de excepcionalidad. Sin embargo, resultó mucho más cómodo mantenerlas que suprimirlas y pasaron gobiernos uno tras otro sin que nadie se metiese en ese jardín. El resultado fue que tales privilegios contribuyeron finalmente a echar más leña al nada inocente fuego del desprestigio de la política, llegando a escucharse auténticas leyendas urbanas sobre unas condiciones tan escandalosas como falsas que tendríamos de por vida los miembros del Gobierno o del Parlamento.

Por fin, con el primer Gobierno Vasco que preside un Lehendakari socialista y con el impulso decidido del PSE en el Parlamento se ha instado la supresión de tales privilegios de forma que las excepciones sean eso, excepciones, como las que corresponderán exclusivamente a los ex Lehendakaris.

Para reparar esa injusticia se han cometido, inevitablemente, otras, ya que personas que tenían derechos legalmente reconocidos y sabiéndolo habían actuado en consecuencia, los perderán, pero tales casos no pueden justificar la existencia de una situación tan poco presentable, que aleja además a los políticos de la calle.

Los altos cargos del Gobierno de Patxi López serán los primeros que ya no tendrán aquel blindaje cuando dejen de serlo y su situación será las que les corresponda entonces según su vida laboral, exactamente igual que el resto de contribuyentes. Del mismo modo los parlamentarios nos equipararemos también al resto de los ciudadanos, recuperando el derecho, que hasta ahora no teníamos, de cobrar desempleo como todos los demás cotizantes y que era, por cierto, lo único que nos diferenciaba.

Hace unas semanas los parlamentarios socialistas -solo nosotros- hicimos pública nuestra declaración de bienes e ingresos, lo que en mi caso concitó bastante choteo de mis amigos sobre mi “penosa” situación patrimonial.

Dudo mucho que estas decisiones vayan a tener alguna repercusión en los ruidosos círculos de opinadores públicos y privados tan aficionados al veneno, pero creo que son gestos razonables y transparentes que resultan obligados. Y espero que con el tiempo, contribuyan a recuperar entre la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas cabales el prestigio y el respeto que la actividad política merece. El tiempo lo dirá.