Hubo un tiempo en que los políticos aún no monopolizaban para ellos solos todo el odio ciudadano, como ocurre ahora. La inquina estaba entonces más repartida y los terroristas, las grandes corporaciones, las constructoras, la banca y otras entidades, como las cadenas de TV, contaban con sus propias cuotas de antipatía popular. A estas últimas se les reprochaba en público la pésima calidad de una programación que, sin embargo, se seguía privadamente de forma mayoritaria.
En respuesta a tales críticas las cadenas establecieron en 2004 un código de autorregulación en el que prometían no ofrecer contenidos “perniciosos” para la infancia en las horas en que se suponía que los menores veían la tele. Se le llamó “horario protegido” y hace poco aquella iniciativa pasó de ser una declaración de buena voluntad a contemplarse en la nueva Ley de Comunicación Audiovisual.
Vista la destreza de nuestros chicos y chicas con el mando, su acceso constante a internet y su asombroso conocimiento de todas las novedades, hablar de un horario infantil a estas alturas suena bastante falso y tan anacrónico como la familia “Telerín” animando a los pequeños a acostarse. Sin embargo, la Ley es la Ley y la Comisión Nacional de la Competencia acaba de multar a dos grandes grupos televisivos con 2 millones de euros por vulnerar ese pretendido horario infantil. Lo más curioso es que se les castiga por un caso concreto en medio de un mar de incumplimientos cotidianos.
En 2004 les recuerdo que no había más cadenas que las grandes y una de pago, resultado de la fusión de dos anteriores. No había ni TDT, ni temáticas ni, por supuesto, cadenas de dibujos animados las 24 horas el día. La tele aún se veía en el salón de casa, ni en el ordenador ni en el teléfono y menos aún en la tablet.
Sin embargo en muy pocos años nuestras casas y nuestros bolsillos se han llenado de pantallas, los horarios se han ido al garete y las normas que entonces se crearon se han revelado perfectamente inútiles. No debería extrañarnos: ocurre siempre que queremos sustituir la civilidad, el respeto y el sentido común por la Ley y la sanción, pero es algo a lo que en España parece que tenemos auténtica adicción. ¿Aprenderemos? Lo dudo.
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